Por encima de los protocolos y el andamiaje de los gobiernos formalmente sancionados, ya en su orden nacional, departamental o municipal y quizás, a sabiendas de los ligámenes contemporizadores de las autoridades legítimas y sus organismos de control o en el peor de los casos dada su simulada participación en el oficio de delinquir, en Colombia tiene tradición un régimen ignominioso de salteadores del erario público, que por tal equivale a atracar el patrimonio de todos los asociados. Los robados somos todos los ciudadanos!

Se puede afirmar que esta connotación pone de presente la trama solidaria y el flujo de vasos comunicantes entre quienes se asocian para tales y oficiosas prácticas de descreste de la administración pública sin que por ello concurran en formas convencionales de carácter organizacional, mas sí deja claramente establecido que esto no es asunto de ínsulas individuales tipo “manzanas podridas”.

Estos despreciables personajes -alimañas-, que están lejísimos de apariencia malévola, se mueven en espacios disimiles de la esfera pública (y del sector privado), desde los más encumbrados cargos y responsabilidades de mando hasta roles intermedios y de base que cobija al sector de la educación en las distintas seccionales y células municipales. Lo más gravoso y alarmante de tal situación es el arraigo que ha alcanzado y su extensión al cuerpo de la justicia en todos sus niveles. Su burda directriz se resume en “todo es transable”, no importa la cuantía. “Sobornar” es el método.

Su invasiva presencia todo lo descompone, no limitándose únicamente a la “ingeniería del drenaje” de los dineros no solo públicos (entre 40 a 50 billones de pesos anuales). El clientelismo es mercado para su realización exponencial. Su poder corrompe la legalidad y, la interferencia sobre los circuitos donde ha de operar la sinergia institucional, confiere impunidad a las consuetudinarias aberraciones sexistas y atropellos contra las minorías y los más vulnerables.

Esta truculenta rufianada sobre el Estado colombiano se ha legitimado hasta asumirse como normalidad institucional, con una capacidad de auto-sostenimiento y reproducción que pareciera invulnerable, de ningún modo objeto posible de derrota. Tal vitalidad con su acervo de justificaciones a la manera de decires populares y discursos de un cinismo espeluznante han devenido en cíclope cultura cuya forma es la deformidad.

Por semejante razón enfrentarla no es tarea fácil. Y una de las estrategias de sus contumaces cultivadores para que persista su reino, ha sido utilizar la antípoda de su designación nominal en falsa lucha. Desgastando la palabreja y socavando la credibilidad de una gesta de tal dimensión.

Desde esta perspectiva, expresamos apoyo irrestricto a la propuesta de la senadora Claudia López, de Consulta popular contra el régimen de corrupción imperante en nuestro país, siempre y cuando no lleve congénita la impronta peregrina de la consabida y recurrente estratagema electorera que periódicamente desempolvan demagogos y politiqueros tradicionales para que siga prosperando ilesa la actividad delincuencial de todos los picaros adscritos al variopinto espectro del partidismo criollo.

No se nos debe olvidar que el nefasto Alvaro Uribe Vélez se fraguó presidente de Colombia, engalanado con el tricolor patrio y su grandilocuente lema: “Contra la politiquería y la corrupción” (¡!).

Ramiro del Cristo Medina Pérez.

Santiago de Tolú, postrimerías de enero - 2017